Miranda de Wallace solicitó un amparo para acceder a la carpeta de investigación en su contra por el delito de tortura. Sin embargo, Mauricio Urrieta Medrano, secretario en funciones de juez federal, rechazó el instrumento legal promovido por la activista.
La investigación en la que figura la activista fue iniciada por Brenda Quevedo, presunta secuestradora de Hugo de Wallace que fue capturada con ayuda del FBI en Kentucky en 2007. Actualmente se encuentra en prisión por su participación en el secuestro y homicidio del empresario. No obstante, en noviembre del año pasado, Quevedo presentó una denuncia en la FGR donde aseguró que fue obligada a declararse culpable, tras ser torturada por policías y personal penitenciario en México.
En abril del 2021, Isabel Miranda de Wallace envió un escrito solicitando acceder a la investigación que la señala como partícipe, empero, le fue negado. El argumento para rechazar la solicitud de la activista fue que las investigaciones todavía están en curso y ella no tiene la calidad de imputada.
La fundadora de la asociación civil Alto al Secuestro alegó que las autoridades mexicanas no tomaron en cuenta su condición de victima indirecta del secuestro y homicidio de su hijo. Además de que supuestamente pasaron por alto que se le está revictimizando al ser investigada en un expediente ministerial sin darle oportunidad legal para defenderse. La activista, dice ser discriminada y que se le debe dar un trato igual ante la autoridad, aplicando en su favor la ley más favorable.
Urrieta Medrano rechazó cada uno de los alegatos de de Wallace. Asimismo, se mencionó que la FGR podría solicitar a Isabel Miranda su comparecencia o declaración si se considera relevante para el caso.
Con información de Polemon
El lenguaje utilizado en esta exposición me parece un tanto exculpatorio con la corrupta torturadora, supuesta activista, supuesta víctima y madre del supuesto empresario, supuestamente asesinado. Cae en la narrativa del engaño y la simulación que se normalizó con el régimen neoliberal y que permitió que la funesta señora tuviera acceso a las prisiones y dirigiera a los perpetradores oficiales de la tortura de los detenidos y presos, sin justificación alguna. Esa mujer no debe escapar del brazo de la justicia y debería pasar el resto de su vida recluida donde no pueda ejercer sus actividades antisociales y delincuenciales, por el bien de todos.