El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) aumentó el cumplimiento de México en materia de prevención contra el lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Este martes, el GAFI presidido por T. Raja Kumar publicó su más reciente informe de seguimiento y recalificación del cumplimiento técnico de México, que da cuenta de los avances que ha tenido el país desde su última evaluación mutua, respecto al cumplimiento de las 40 recomendaciones del grupo intergubernamental, la cual fue en el 2017.
El informe reveló que México avanzó en cumplimiento en dos recomendaciones, con lo que registró el siguiente nivel de cumplimiento:
10 recomendaciones totalmente cumplidas.
24 recomendaciones cumplidas en gran medida.
5 recomendaciones parcialmente cumplidas.
1 recomendación no cumplida.
Fue así que México avanzó en el cumplimiento de dos recomendaciones, que se encontraban como parcialmente cumplidas, las cuales se reclasificaron a cumplidas en gran medida. Se trata de la recomendación 18: Controles internos para filiales y subsidiarias.
Desde la última evaluación mutua a México, el país ha creado leyes y reglamentos que exigen que los grupos financieros implementen programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en toda su estructura, además de garantizar la confidencialidad de la información intercambiada.
Sin embargo, para el GAFI todavía quedan algunas brechas por abordar, por ejemplo la normativa que aplican para cooperativas de ahorro y préstamo (sofipos), financieras populares (sofipos), así como de otros proveedores de servicios financieros.
Respecto a la recomendación 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, el GAFI destacó que México ha avanzado debido a que ha actualizado su Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) para incluir información sobre el uso indebido de personas jurídicas, lo cual “ha contribuido al conocimiento integral de los riesgos del país”.
De igual forma el GAFI señaló la influencia que tuvieron las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que exigen la recopilación y mantenimiento de información básica y actualizada de beneficiarios reales, así como el registro de la misma ante el Servicio de Administración Tributaria.
“En general, México ha progresado en abordar la mayoría de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su informe de evaluación mutua”, afirmó el GAFI.
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