Las modificaciones a la Ley Minera que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador para proteger al litio, fueron aprobadas hoy en las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos del Senado de la República.
Con 15 votos a favor de los senadores de la 4T, las comisiones del Senado dieron su aval al dictamen que fue enviado ayer desde la Cámara de Diputados.
Tras la aprobación de las comisiones, la iniciativa ya se discute en el Senado, donde se prevé, será votada hoy mismo por los legisladores.
La Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general la reforma a la Ley Minera, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para proteger las reservas de litio en territorio mexicano, apenas unas horas después de que la oposición conformada por PRI, PAN, PRD y MC, impidiera el avance de su Reforma Eléctrica.
La aprobación, en este caso, sólo requería una mayoría simple, que Morena, el partido de la mayoría, y sus aliados, poseen. En total, fueron 298 votos a favor, cero en contra y 197 abstenciones.
La iniciativa de reforma a la Ley Minera pretende reconocer el litio como patrimonio de la nación y declarar como de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de ese mineral. No se otorgarán licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones a empresas privadas en la materia, prevé el proyecto.
El presidente firmó desde el pasado miércoles la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger al litio de caer en manos de empresas extranjeras y así garantizar el abasto de energía en el país durante los próximos años. “Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros. Si hay traición de los legisladores, ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación”, anticipó el tabasqueño.
En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que la minería en México ha representado en los últimos 30 años la sobreexplotación de los yacimientos mineros, lo que ha ocasionado la contaminación de ríos y mantos freáticos, con un beneficio “magro” para los mexicanos y trabajadores del sector. “La Ley Minera expedida en 1992 estuvo diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones, sin que importaran los derechos del pueblo de México. Es una ley con tendencia neoliberal porque puso el marco jurídico al servicio de los grandes capitales y no de la sociedad. Es una ley carente de sentido social, solidario o fraterno”, señala el documento.
También destaca la relevancia tecnológica que ha adquirido el litio para la fabricación de aviones, trenes, baterías para teléfonos celulares y computadoras, y tratamiento de enfermedades como el trastorno bipolar.
“Es, en estos momentos, uno de los metales más demandados por las industrias de tecnología de punta en el planeta”.
El primer artículo de la nueva iniciativa propone que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado que se creará en términos del artículo 10 de la presente Ley”.
El artículo 5 se establece que “se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio”.
El mismo artículo resalta, que “se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y sus exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para el beneficio exclusivo del pueblo de México”.
El artículo 9 propone que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado para ubicar y reconocer áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio.
El artículo 10 precisa que el nuevo organismo público a crear para operar el litio se hará “como lo determine el Ejecutivo, en términos de las disposiciones aplicables”.
Asimismo, el tercer artículo transitorio establece que el presidente de México tendrá que emitir, dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, un instrumento de creación del organismo público descentralizado. CON INFORMACION DE POLEMON
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