En 1998, el Gobierno del priista Ernesto Zedillo con el apoyo de los diputados del PAN, llevó a cabo un rescate bancario que dejó una gran deuda para varias generaciones de mexicanas y mexicanos, al convertir pérdidas de Bancos privados en adeudos públicos.
Tomando eso en cuenta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha contemplado en el presupuesto de 2022 asignar 38 mil 683 millones de pesos tan solo para el pago de los intereses derivados de lo que se conoció como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Este Fondo fue creado en 1990 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Luego, cuando en 1994 llegó la crisis económica más severa de la historia moderna de México, se dispararon las tasas de interés y el tipo de cambio, así como la mayoría de los créditos se volvieron casi imposibles de pagar.
Esto puso en una situación crítica la liquidez de los bancos y, por ello, el presidente Ernesto Zedillo, decidió poner en marcha el Fobaproa en 1995. Para marzo de 1998, Zedillo avisó al Congreso de la Unión la existencia de un pasivo por 552 mil millones de pesos, resultado del rescate bancario y propuso convertirlo en deuda pública.
En 1999 entró en vigor la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que al día de hoy administra los pasivos derivados de los apoyos que en su momento entregó el Gobierno Federal al sistema bancario.
El IPAB asumió la deuda derivada de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal al sistema bancario. El último día de 1999, la deuda ya ascendía a 688 mil millones de pesos que equivalían al 11.29% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
El rescate bancario estuvo lleno de corrupción, al descubrirse que algunos de los bancos que se verían beneficiados por el Fobaproa estaban involucrados en casos de fraude, evasión fiscal y malas prácticas bancarias por parte de algunos empresarios.
Algunos de estos casos son los de Carlos Cabal Peniche, dueño de Banca Crema y Banco Unión, el fallecido Jorge Lankenau, dueño de Banca Confía y Ángel Rodríguez “El Divino”, dueño de Banpaís.
Los 552 mil millones de pesos que originalmente costó el Fobaproa fue cinco veces más que la ganancia que había obtenido el gobierno de privatizar a 18 bancos unos años antes.
En total, la deuda terminó costándole a las y los mexicanos el 14.5% de su PIB. Y, como la deuda aún no se liquida sigue generando intereses. Hasta la fecha se han pagado más de 2 billones de pesos y aún debemos 901 mil 700 millones de pesos.
En 1999 se hizo una estimación que la deuda sería pagada en 30 años, pero en 2006 un pronóstico de algunos economistas demostró que serían 70 años si México crecía a tasas del 4% anual.
En julio de 2021, el saldo de los pasivos del IPAB sumaron 975 mil 892 millones de pesos, una suma a la que hay que añadir 45 mil 579 millones de pesos para el programa de apoyo a deudores.
El IPAB recibió 51 mil 300 millones en 2019 y 43 mil 300 millones de pesos el año pasado para cumplir con los compromisos que adquirió el Estado hace más de dos décadas para el rescate de los bancos. A este Instituto se le asignaron, por parte del Congreso Federal en el Presupuesto de Egresos de 2021, 11 mil 330 millones de pesos, tanto para la operación de la dependencia como para el pago de los intereses de la deuda del Fobaproa. El presupuesto es 75.2% menor al del año pasado.
Con las bajas en las tasas de referencia y los movimientos en la inflación respecto del año pasado, cayó el costo financiero de la deuda entre enero y abril de 2021, al reducirse la tasa real a la que se pagan los intereses del IPAB y al dar margen a la SHCP para hacer algunos refinanciamientos.
Para 2022, la SHCP contempla 38 mil 683 millones de pesos para el pago de intereses de la deuda del Fobaproa y los gastos administrativos del IPAB.
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