Tras darse a conocer los nuevos elementos por parte de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exprocurador general, Jesús Murillo Karam.
El ex titular de la extinta PGR fue detenido a las afueras de su domicilio en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México en una operación en la que colaboró con los policías y no opuso resistencia.
La orden de captura fue otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte y tras cumplimentarse, Murillo Karam fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.
De acuerdo con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, Murillo Karam será trasladado al Reclusorio Norte.
Murillo Karam fue uno de los más altos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y se le atribuye el ocultamiento deliberado de la verdad del caso Ayotzinapa, el uso de la institución en actos delictivos, responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos y entorpecimiento de las investigaciones en beneficio de quienes desaparecieron a los 43 normalistas.
Según la periodista Nancy Flores de Contralínea, algunas de las pruebas incluyen la videograbación hecha por un dron de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, en donde se le ve arribando al lugar en la mañana del 27 de octubre de 2014, minutos antes de que 12 marinos manipularan la escena en la que supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los estudiantes, un día antes de dar a conocer la erróneamente llamada “verdad histórica”.
La FGR también investiga las cadenas de mando que actuaron antes, durante y después del gran operativo Ayotzinapa, que derivó en el crimen de estado.
Principalmente revisa las responsabilidades de los ex secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
También será determinada la responsabilidad del ex fiscal, Iñaki Blanco.
Durante la presentación de las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas dio a conocer que:
“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno, que ocultó la verdad d ellos hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad, dijo que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes.
Además, dijo, la falsa versión emitida por las autoridades “no solo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada”.
“Son los actos de tortura cometidos, por lo menos hasta ahora acreditados a 77 personas por funcionarios públicos de distintas áreas de gobierno y, que privaron a su libertad. Esto ha quedado plenamente acreditado con las 50 horas de videos que entregó el Centro Nacional de Inteligencia de la Fiscalía. Dos de esos videos son públicos, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación. Pero también los sobrevuelos de drones, los videos de los sobrevuelos de drones que la Secretaría de Marina entregó y pasó la intervención de autoridades en el basurero de Cocula y que ha sido ampliamente analizado por el GIEI y que fue presentado en su último informe”, mencionó.
Murillo Karam dio a conocer, en enero de 2015, la llamada “verdad histórica”, que al paso de los años se ha ido derrumbando, dejando ver que se trataba de una mentira orquestada, al más alto nivel del gobierno para garantizar impunidad a quienes cometieron dicho crimen. CON INFORMACION DE POLEMON
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